Finaliza un periodo presidencial, ¿Qué sucedió con la lucha anticorrupción?

A pocos días de culminar el periodo de Gobierno Nacional 2018-2022 en cabeza de Iván Duque, Transparencia por Colombia entrega el balance de la acción pública anticorrupción del gobierno saliente.

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El informe hace un análisis del contexto en el cual se han puesto en marcha esfuerzos anticorrupción durante los últimos cuatro años, y analiza cuatro ámbitos cruciales para enfrentar la corrupción: las medidas de prevención, identificación, sanción y reparación; el fortalecimiento de la transparencia y de la integridad en la gestión pública; las medidas tendientes a garantizar la equidad y la transparencia en el sistema político; y los esfuerzos para avanzar en la garantía de los derechos humanos que hacen

viable la lucha contra la corrupción. A nivel contexto, durante el periodo analizado se identificaron tres aspectos que hace más desafiante la lucha contra la corrupción: la creciente inequidad económica que incentiva a los grandes grupos de poder a utilizar prácticas corruptas para proteger sus privilegios; el deterioro de indicadores asociados a libertades democráticas -como la libertad de expresión- que derivan en un escenario de menores garantías para el control al poder político; y las afectaciones a la movilización ciudadana y a líderes sociales que evidencian las dificultades que enfrenta la sociedad para servir de contrapeso en situaciones de descontento ciudadano.

 

¿Cuál es el balance de las medidas anticorrupción?

Los avances más significativos durante el periodo del presidente Iván Duque se concentran en medidas normativas para incrementar la sanción de la corrupción: se eliminó la figura de casa por cárcel para los corruptos; se fortaleció la inhabilidad para volver a contratar con el Estado de empresas sancionadas por hechos de corrupción; se aprobó la posibilidad de investigar a los beneficiarios finales de personas jurídicas involucradas en hechos de corrupción; entre otros aspectos.

Asimismo, se destaca la creación de un Fondo Nacional para la Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción, a partir del cual se podrán iniciar procesos de reparación a los afectados directos por hechos de corrupción.

En materia normativa, entre el 2018 -2022 se generaron en total doce leyes nuevas en la materia en lucha contra la corrupción, varias de las cuales contaron con el impulso del gobierno nacional, pero no se promovieron reformas que atacaran los problemas estructurales, en especial en empleo público y contratación, los cuales continuaron siendo dos focos de escándalos de corrupción durante estegobierno.

A nivel de derechos humanos necesarios para la lucha contra la corrupción, durante los últimos cuatro años se presentaron constantes limitaciones al derecho de acceso a la información pública y a la libertad de expresión, que llevaron a restringir el control ciudadano de la gestión pública. Las tareas pendientes para el nuevo gobierno

Además de ejercer un liderazgo ético integral y transversal a todas las acciones, Transparencia por Colombia reitera que el nuevo gobierno deberá considerar la necesidad de abordar problemáticas

estructurales (como empleo público, contratación, sistema político, control interno, presupuestos públicos y descentralización), así como la reglamentación e implementación de varias de las normas y acciones realizadas por el gobierno saliente. Igualmente, será fundamental garantizar el derecho de acceso a la información pública, evitar la concentración del poder en la rama ejecutiva, y revisar la arquitectura institucional anticorrupción.