Abogado de MinTIC pidió embargo de los bienes de integrantes de UT Centros Poblados

Iván Cancino señaló que el objetivo principal en este proceso es "recuperar el dinero" y condenar a quienes se aprovecharon de dicha situación.

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l abogado Iván Cancino, quien representa al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el proceso por el polémico contrato firmado con la Unión Temporal Centros Poblados, advirtió que "es muy difícil recuperar la totalidad de los 70.000 millones de pesos", que se dieron como anticipo para llevar Internet a más de 14.000 escuelas del país.

Afirmó también que la Fiscalía debe embargar los bienes de las personas capturadas y relacionadas a Centros Poblados.

Entre los empresarios que enfrentan la investigación está el contratista, Emilio Tapia, además de Luis Fernando Duque, representante legal del consorcio. También está bajo la lupa de la Fiscalía Juan José Laverde.

Cancino recordó que los delitos imputados a los empresarios son falsedad y fraude procesal. "Esto está basado, señoría, en unas garantías bancarias que, al parecer, habían sido suscritas por el representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados. Cuando el Ministerio convoca a una audiencia de incumplimiento en la que tiene que citar al Banco Itaú como generador de esas garantías. Y ellos manifiestan que no son sus firmas", aseguró el abogado.

El abogado manifestó que Tapia puede ser el hombre tras los contratos y dijo que el interés del Ministerio es recuperar el dinero que fue entregado como anticipo, el cual dejó sin conexión a varias zonas rurales de Colombia.

Según Cancino, los testigos y demás pruebas documentales "dan a entender una relación clara entre el señor Emilio Tapia y varias de las empresas que conforman la Unión Temporal. También hay una relación entre Tapia y Laverde y Duque, que tienen relación con Centros Poblados", añadió el defensor del Ministerio.

Por otro lado, la Procuraduría General aseguró que hubo amenazas de muerte y eliminación de información que hacía parte fundamental de la investigación entre el contrato del MinTIC y Centros Poblados. El ente de control aseguró que Emilio Tapia, conocido antes por el carrusel de contratación, debe ser enviado a la cárcel.

De la misma manera, Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencias Seguros, tendrían que ir a prisión según la Procuraduría.

De Asuntos Legales

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