Policía de Nicaragua cierra emisora y se convierte en un atentado contra la libertad de prensa

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La emisora Radio Darío, crítica del Gobierno de Nicaragua, fue sacada del aire por la Policía Nacional y sus trabajadores tuvieron que esconderse en casas de refugio luego de ser amenazados por los agentes, informó este martes el dueño del medio, Aníbal Toruño.

“Radio Darío ha vuelto a ser víctima de un ataque por parte del régimen de Daniel Ortega, (…) se encuentra fuera del aire y todo el personal en casas de refugios o escondidos”, indicó Toruño a periodistas.

El hecho se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos y de ciudadanos capturados, tras participar en protestas contra la dictadura del presidente Ortega.

La acción policial ocurrió este lunes en la ciudad de León, al noroeste de Nicaragua, cuando “miembros de la Policía, encabezados por el jefe policial, Fidel Domínguez, quienes terminaron entrando a las instalaciones luego de amenazar con derribar las puertas si no se les permitía el acceso”, según la denuncia.

Toruño afirmó que durante el cierre de la radio, al menos cuatro trabajadores fueron esposados y subidos a vehículos policiales, así como “amenazados con que los trasladarían a las celdas de El Chipote”, una cárcel que según los organismos defensores de los derechos humanos es utilizada como centro de torturas de la Policía de Nicaragua.

“Es un acto brutal de represión y de violación a la libertad de expresión”, declaró Toruño.

El cierre ocurrió tres días después de que otra radio independiente de la ciudad de León, Radio Mi Voz, anunciara el cese temporal de sus operaciones debido al “asedio” de la Policía nicaragüense.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el ataque a los periodistas y medios de comunicación es la más reciente fase de “represión” del Gobierno de Nicaragua desde el estallido social de abril.

Dicha “represión” ha dejado al menos 610 “presos políticos” y de 325 a 545 muertos, según los organismos humanitarios, aunque el Gobierno establece los muertos en 199 y los prisioneros en 273, a los que denomina “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.


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