Congresistas estadounidenses, ONU y CIDH solicitan al gobierno de Colombia frenar abusos policiales y permitir visita de verificación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó de manera formal al gobierno de Colombia, el permiso para realizar una verificación en terreno de numerosos casos de abusos policiales, homicidios y desapariciones que han sido denunciados ante ese organismo.

alt=

En su cuenta de Twitter, la #CIDH escribe que “en virtud de su mandato y en respuesta a la solicitud de miles de personas, cientos de organizaciones y movimientos sociales de #Colombia, formalizó pedido de anuencia al Estado para realizar visita de trabajo sobre la situación de #DDHH durante las protestas sociales.

La #CIDH, en virtud de su mandato y en respuesta a la solicitud de miles de personas, cientos de organizaciones y movimientos sociales de #Colombia, formalizó pedido de anuencia al Estado para realizar visita de trabajo sobre la situación de #DDHH durante las protestas sociales. pic.twitter.com/rh6elKFvPC

— CIDH - IACHR (@CIDH) May 14, 2021

En la comunicación, con fecha 7 de mayo y dirigida a la canciller Claudia Blum, el organismo dice que una vez se cuente con la anuencia la CIDH podrá “viajar de manera inmediata a Colombia”.

Hacemos llamado, siguiendo estándares internacionales de eliminación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, a investigar las denuncias sobre violencia sexual presentadas en el marco de las movilizaciones sociales en Colombia.

— ONU Colombia

Suspender ayuda a Fuerza Pública

Y por otra parte, 55 congresistas le piden al secretario de Estado, Antony John Blinken, que entregue una declaración pública que pueda ayudar a Colombia a restablecer la calma y promover la promesa del Acuerdo Final de Paz de 2016.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la situación política y de derechos humanos en Colombia, que permanece fuera de control mientras la protesta legítima entra en una tercera semana. Instamos al Departamento de Estado y a todos los demás departamentos y agencias de los Estados Unidos a que denuncien de manera clara e inequívoca la violencia, pidan una reducción inmediata, ayuden a calmar las tensiones y faciliten soluciones sociales y políticas incluyentes en Colombia”, escribieron los congresistas.

Para este grupo de políticos, las declaraciones públicas serían de gran ayuda para que en el país se restablezca la calma y la confianza, “y promover la promesa del acuerdo de paz de 2016 de resolver los desafíos a través de una participación amplia en el proceso político”.

“Las fuerzas de seguridad de Colombia, especialmente su Policía Nacional, están más desatadas de lo que jamás hemos visto: cientos de videos ciudadanos muestran el uso agresivo e indiscriminado de armas letales y no letales contra ciudadanos en formas que violan tanto la ley colombiana como las normas internacionales de derechos humanos”, indicaron los congresistas.

Recuerdan en la carta, que la Defensoría del Pueblo ha reportado por lo menos 42 colombianos asesinados, y cientos más heridos en estos 17 días de protestas. Así como que el uso brutal y excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional de Colombia y la policía antidisturbios Esmad ha sido denunciado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la Unión Europea y cientos de organizaciones colombianos e internacionales de derechos humanos.

“Si bien Estados Unidos no puede resolver esta crisis, debería ser parte de la solución, comenzando con esfuerzos a plazo inmediato para detener la espiral de violencia. Después de décadas de estrecha alianza, lo que dice el Gobierno de Estados Unidos tiene peso en Colombia, al igual que lo que el Gobierno de Estados Unidos no dice”, afirman los congresistas.

Es por lo anterior que instan al Departamento de Estado y demás agencias del Gobierno de los Estados Unidos, a hacer declaraciones claras, inequívocas y públicas pidiendo a las fuerzas de seguridad, especialmente a la Policía Nacional y la Policía Antidisturbios (Esmad) de Colombia, que cambien su respuesta y pongan fin a todo uso indebido de la fuerza.

Además de suspender toda la asistencia directa de Estados Unidos, que no sea la capacitación en derechos humanos, a la Policía Nacional de Colombia hasta que veamos mejoras reales en el uso de la fuerza y la responsabilidad judicial por casos de brutalidad policial pasados, incluidos los cometidos en el contexto de las protestas de noviembre de 2019 y septiembre de 2020.

“El Departamento de Estado también debe decidir donde la Ley Leahy necesita ser aplicada donde hay prueba creíble de unidades policiacas involucrados en graves violaciones de derechos humanos”, se lee en la misiva. Los políticos estadounidenses que firman la carta le proponen a su Gobierno congelar todas las ventas de armas, equipo, servicios o capacitación al Esmad; y congelar cualquiera cooperación o venta de equipo antidisturbios o de control de multitudes a todas las demás fuerzas de seguridad, policía y unidades especiales de Colombia.

“Las licencias de Ventas Militares en el Extranjero y Ventas Comerciales Directas deben suspenderse ahora mismo para evitar contribuir indirectamente a un mayor abuso y escalada. Las ventas solo deben reanudarse cuando la evidencia indique que los abusadores están siendo juzgados judicialmente y los protocolos colombianos de uso de la fuerza se han reformado satisfactoriamente y los cambios observados y confirmados sobre el terreno en operaciones futuras”, aseguran.

Texto completo de la carta aquí.