Por: Gustavo Puentes - Fecha de publicación: 2025-04-24 15:25:45
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, emitió este jueves un enérgico llamado de atención por la propuesta de utilizar recursos de vigencias futuras, originalmente asignados a los proyectos viales 4G y 5G, para la compra de vacunas contra la fiebre amarilla.
2025-04-24 15:25:45
Cartagena, 24 de abril de 2025 — El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó un llamado de atención desde Cartagena frente a una propuesta gubernamental que plantea redirigir recursos públicos originalmente asignados a proyectos de infraestructura vial —particularmente de cuarta (4G) y quinta generación (5G)— hacia la adquisición de vacunas contra la fiebre amarilla.
La preocupación del ente de control radica en que dichos fondos forman parte de las vigencias futuras comprometidas por el Estado colombiano a través de contratos de concesión, y ya han sido incorporados a patrimonios autónomos creados para garantizar el desarrollo y sostenimiento de estos megaproyectos viales. Según Rodríguez, cualquier desvío de estos recursos a otros fines contraviene el principio de destinación específica y pondría al país en riesgo de incurrir en graves incumplimientos contractuales.
“Consideramos que los recursos públicos ya presentes en el Patrimonio Autónomo de cada proyecto tienen una destinación específica debidamente pactada en el contrato de concesión y no pueden ser utilizados para otros fines”, subrayó el Contralor.
El funcionario recordó que estos contratos, firmados entre el Estado y las concesionarias, contienen perfiles detallados de aportes de vigencias futuras que deben cumplirse rigurosamente a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Cualquier alteración a estos perfiles requiere, no solo de un acuerdo formal entre las partes contratantes, sino también del visto bueno de entidades técnicas y políticas como el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), el Confis y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Rodríguez no descartó la posibilidad de modificar los esquemas de financiación, pero fue enfático en que estos cambios deben hacerse bajo el marco legal vigente y con los procedimientos formales establecidos. En caso contrario, advirtió que podrían generarse consecuencias no solo contractuales, sino también fiscales y penales para los responsables.
“La aspiración de modificar el perfil de aporte de vigencias futuras es legítima, pero debe surgir de un acuerdo debidamente protocolizado y con los avales necesarios”, agregó.
Esta advertencia surge en un contexto en el que el país busca garantizar la cobertura en salud pública frente a brotes regionales de fiebre amarilla, sin comprometer recursos estratégicos para el desarrollo vial y la conectividad nacional. La Contraloría, en ese sentido, reafirmó su compromiso de velar por la correcta utilización de los recursos del Estado y prevenir posibles irregularidades en el manejo del erario.
