Por: Jorge Camilo Puentes

​​Para el ente de control, el mecanismo constituye un instrumento clave que permite identificar capacidades económicas de los hogares según ubicación y características físicas.

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a todas las alcaldías del país para que adopten medidas inmediatas que permitan actualizar la estratificación socioeconómica de los inmuebles residenciales. La solicitud hace parte de su labor preventiva y busca mejorar la ejecución de competencias en las entidades territoriales.

El Ministerio Público advirtió que en varias zonas del país estos procesos están desactualizados, lo que podría generar errores en la asignación de tarifas de servicios públicos y afectar la justicia distributiva. Por ello, se busca garantizar una mejor distribución de subsidios, apoyándose en las metodologías del Gobierno Nacional y con acompañamiento del DNP.

Según lo dispuesto en la Circular 008 de 2025, los alcaldes deben calcular el costo anual del proceso de estratificación, someterlo a revisión del Comité Permanente de Estratificación y asegurar su inclusión en el presupuesto municipal, en conjunto con las empresas prestadoras de servicios públicos.

La Procuraduría también recordó que la nueva estratificación debe estar adoptada y divulgada antes del 5 de mayo de 2025, y que se deben cumplir otras obligaciones como mantener activo el Comité de Estratificación y exigir a las empresas la inclusión del número predial en sus sistemas de facturación.