Fecha de publicación: 2024-03-18 16:46:33
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2024-03-18 16:46:33
Para la vigencia fiscal 2022, el Consejo Superior Universitario aprobó mediante el acuerdo No. 060 de fecha 17 de diciembre de 2021 un faltante presupuestal de 14 mil millones de pesos en funcionamiento.
La Ley 30 de 1992 estableció en su artículo 86, que las transferencias de la Nación se ajustarían año a año con el IPC aplicado al presupuesto otorgado a cada vigencia. Sin embargo, este aporte no se ajusta a las necesidades institucionales, toda vez que no se tuvo en cuenta el crecimiento de las Universidades, que implica inversiones en infraestructura, fortalecimiento de la investigación, laboratorios, formación docente a nivel doctoral e internacionalización. Sus gastos doblan los índices de la inflación, aumentan en promedio un 9% anual, un incremento de cinco (5) puntos por encima del IPC.
La participación del aporte de la Nación a las universidades públicas en el 2019 fue de 50,1% del total del presupuesto de ingresos de las mismas, mientras en el año 1993 esta transferencia se acercaba al 74%. La situación se agrava año tras año, en la medida en que no hay proporción entre los presupuestos asignados por parte del gobierno y el crecimiento en cantidad de estudiantes matriculados, cantidad de docentes, mejoramiento y actualización de la infraestructura. Ante esta realidad, las universidades han tenido que buscar nuevas fuentes de financiación que permitan la generación de recursos adicionales dirigidos a la inversión y funcionamiento.
En el caso de la Universidad Surcolombiana la situación es compleja. Durante el 2020 y 2021 aumentó considerablemente la vinculación de docentes catedráticos y visitantes, esta última, una categoría de profesores exclusiva de la USCO a quienes se les vincula de manera directa por estricta necesidad del servicio hasta por dos semestres. A lo anterior, se suma la atipicidad del calendario académico, teniendo en cuenta que se desarrollan tres semestres en un año, la división de varios cursos, lo que implicó nuevas vinculaciones, y no haber podido ajustar las agendas académicas de los docentes de planta para palear en algo la realidad financiera de la institución, han hecho que todos los recursos adicionales para funcionamiento transferidos por el gobierno nacional (IPC + 4,65% que hacen base presupuestal, excedentes de cooperativas por artículo 42 Ley 1819 de 2016 y devolución por votaciones), así como los recursos del balance de la vigencia anterior, se tengan que invertir en más del 95% en garantizar la docencia en el primer semestre del año 2022. La mayor necesidad se registra en el rubro de gastos de personal donde se incluyen los docentes ocasionales, catedráticos, visitantes.
Es claro que se debe garantizar lo misional, sin embargo, la Universidad tiene otras necesidades apremiantes que deben financiarse con recursos de funcionamiento, entre ellas, el desplazamiento de los docentes y administrativos a las sedes regionales, este rubro se encuentra desfinanciado para el segundo semestre del año, la compra de mobiliario y equipos de cómputo y tecnología, actualización de la malla vehicular, pago de honorarios de contratistas por prestación de servicios para el 2022-2, y en general, la adquisición de otros bienes y servicios que son transversales para el desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social.
Recibimos una Universidad con la infraestructura y planta física muy deteriorada, con un aumento de catedráticos y visitantes significativo, con trámites contractuales estancados, que solo hasta este mes pueden retomarse debido a procesos administrativos internos como el cierre financiero 2021, la adición de los recursos del balance a la actual vigencia, los cuales fueron aprobados por el Consejo Superior Universitario a mediados del mes de marzo, el cambio del Estatuto de Contratación en el mes de noviembre pasado, los clasificadores presupuestales, la Ley de Garantías que obliga a que todos los procesos de contratación se hagan mediante las modalidades de invitación pública abreviada, invitación pública y licitación. A ello se agrega, el incremento del salario mínimo en 10,07% en comparación con el 2021, ajuste que debe asumir la Universidad en el pago del personal de planta, así como con ocasionales, catedráticos y visitantes. En la Universidad Popular del Cesar por ejemplo, el déficit se estima en 18 mil millones de pesos. En los últimos meses los empleados no han recibido salario. El propósito de esta administración es procurar no llegar a una situación similar.
Todo este panorama nos exige implementar estrategias de optimización y medidas de racionalización de los recursos para hacer frente a las exigencias del sector. El cinturón debemos apretárnoslo todos, por eso, aunque impopulares, tomaremos medidas para administrar responsablemente el presupuesto de la Universidad, con la advertencia que para el siguiente semestre la situación es crítica.
Finalmente, es necesario hacer un llamado a la conciencia institucional, tenemos austeridad en el gasto. La pelea no es con la administración central, la lucha debe darse en el escenario nacional como en otras ocasiones, sino se reforman los artículos 86 y 87 de la Ley 30 y se garantizan recursos adicionales para funcionamiento a partir del 2023, el futuro de las universidades públicas es bastante incierto.
