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¿Peor que Venezuela? Presentarán proyecto de ley para restringir la protesta social

En el proyecto se establece las obligaciones del Estado, de la Policía, el Esmad y, especialmente, de los promotores y participantes de las protestas antes, durante y después de las mismas.

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Por: Mai Editor 12 Dic 2019

Por: Mai Editor

12 Dic 2019

Un proyecto de ley estatutaria que según sus creadores busca “regular” la protesta social en Colombia, ya está listo y será presentado al Congreso de la República en las próximas horas, según reveló la emisora LA FM.

La propuesta, “por medio de la cual se regula el artículo 37 de la constitución política y se dictan otras disposiciones” (sic), será presentada por el senador conservador Juan Diego Gómez, con el cual se formalizaría un viejo anhelo de los sectores más conservadores del país para restringir y reprimir la protesta social.

En el proyecto se establece cuáles son las obligaciones del Estado, de la Policía y el Esmad y de los promotores y participantes de las protestas antes, durante y después de las mismas.

Pese a que el proyecto habla de “regular” la protesta social, el contenido refuerza la estigmatización y criminalización del ejercicio del derecho de los colombianos a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.

Y es que la iniciativa se pone sobre la mesa a propósito de los hechos de violencia, aislada y la gran mayoría al margen de las movilizaciones oficiales, presentados durante algunas de las jornadas de manifestación ciudadana desarrolladas en medio del paro nacional, enfatizando en los desmanes en las protestas pero obviando las agresiones, excesos o abusos de la Fuerza Pública.

Por un lado, el proyecto viene cargado con estrictas exigencias para convocar las protestas, condiciones precisas para realizarlas y expresos castigos para sus promotores y participantes en caso que deriven en violencia.

Al contrario, y pese a la gran cantidad de denuncias documentas sobre irregularidades de la Policía en el control de las manifestaciones en las últimas tres semanas, el proyecto de ley omite referirse de manera puntual y detallada sobre protocolos de actuación y sanciones del lado de la Fuerza Pública, frente a infiltración de uniformados de civil en las movilizaciones, provocación o incitación, brutalidad, abusos o excesos contra los manifestantes.

Lo anterior, teniendo en cuenta los numerosos casos de los últimos días, documentados con fotos y videos publicados en redes sociales, que han generado la indignación ciudadana, mientras cuentan con la complacencia y justificación del presidente Iván Duque y la cúpula policial.

Además de dejar por fuera la responsabilidad de los agentes del Estado en los abusos o excesos, uno de los puntos polémicos es que no se establece un debido proceso para aplicación de las llamadas medidas correctivas, así como también la obligación para los promotores de una manifestación a adquirir una póliza de seguro especial que cubra la totalidad de los daños que eventualmente sean causados durante las marchas.

Obligaciones de los manifestantes

Uno de los puntos fundamentales es que se prohibiría la presencia de encapuchados durante cualquier tipo de marcha.

El proyecto establece que: “No se permitirá la presencia de encapuchados o de personas que empleen cualquier mecanismo que impida su identificación en el desarrollo de la manifestación o en los comunicados que sirvan como medio de invitación a participar en marchas”.

Asimismo, se establece que las personas que participan en la movilización, no podrán usar elementos contundentes para atentar contra la Fuerza Pública o el patrimonio público y privado.

“No se permitirá el uso de cualquier elemento que pueda ser empleado para atentar en contra de la integridad física de los miembros de la fuerza, terceros y el patrimonio público y/o privado. Su uso implicará la imposición de sanciones señaladas en la presente Ley”, indica.

Habrá lugares prohibidos a la hora de adelantar una manifestación. “solo se podrá marchar o reunirse pacíficamente a una distancia de 500 metros de hospitales, centros de salud, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y bienes considerados como patrimonio cultural”.

Los marchantes tampoco podrán grafitear los bienes de los colombianos: “Están prohibidos los grafitis o cualquier mecanismo para marcar, sobreponer, escribir, destruir, obstruir los bienes de carácter público y privado en ejercicio de la manifestación social en lugares no autorizados por el reglamento para el efecto”, añade el texto del proyecto.

Para el Esmad y el Estado:

El proyecto reglamenta la norma constitucional que obliga al Gobierno y al Estado colombiano a garantizar el buen desarrollo de la protesta pacífica en el país.

Sin embargo, le entrega algunas herramientas para proteger a los manifestantes y también preservar la vida, honra y bienes de los colombianos que no participan en las marchas.

El Esmad, según la iniciativa, podría utilizar armas no letales para controlar a los violentos, incluidas las pistolas Taser. “El ESMAD, la policía nacional y el ejército nacional deberán emplear equipamiento y armamento tales como pistolas eléctricas tipo Taser y las demás que permitan el control de los actos violentos sin afectar la integridad física de ningún interviniente. No podrán utilizar armas de fuego”.

La Fuerza Pública deberá acudir a los sitios en donde se esté desarrollando la protesta con los siguientes elementos:

-Una (1) ambulancia por cada trescientos (300) miembros de la fuerza pública que deban intervenir para recuperar el orden público.

-Un (1) equipo de bomberos contra incendio por cada quinientos (500) miembros de la fuerza pública que deban intervenir para recuperar el orden público.

También deberán “prohibir que en el ejercicio de la manifestación que se presenten encapuchados o personas que no permitan su identificación”.

Los integrantes del Esmad o de la Policía podrán, “cuando la jurisdicción territorial así lo permita”, dirigir a los manifestantes violentos y a los saboteadores de la manifestación social a lugares especializados de reclusión para iniciar la imposición de las sanciones correspondientes.

 

Los castigos:

Los promotores de la protesta social que violen las restricciones contenidas en esta ley, podrían enfrentarse a tres tipos de castigos: Sanciones económicas, pedagógicas o pérdida de beneficios educativos.

Estarían expuestos a pagar multas que van desde los 5 hasta los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

También podrían ser obligados a prestar servicio social, a pedirle perdón a la ciudadanía por las faltas cometidas durante la manifestación, participar en campañas educativas y desarrollar actividades de limpieza en las calles y los bienes públicos afectados durante la protesta.

De igual forma, si se comprueba que los actos de vandalismo fueron protagonizados por estudiantes, podrían perder beneficios educativos adquiridos como créditos del Icetex, becas, entre otros.

El proyecto de ley también obligaría a los promotores de la protesta a adquirir una póliza de seguro especial que cubra la totalidad de los daños que eventualmente sean causados durante las marchas. También se crearía un fondo especial para indemnizar, por una sola vez, a los comerciantes que resulten afectados por las movilizaciones sociales.

Fuente: LA FM.


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