Fecha de publicación: 2024-03-18 10:34:25
El cabildante de Cambio Radical presuntamente habría exigido dinero a un comerciante para cambiar la calificación de un predio en el PBOT
2024-03-18 10:34:25
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al concejal de Garzón, Huila, Octavio Martínez Pérez (2016 , 2019), del partido Cambio Radical, por presuntamente exigir $100 millones a un comerciante dueño de un predio, para beneficiarlo en el trámite del Plan Básico de Ordenamiento Territorial , PBOT , del municipio.
De acuerdo con la investigación de la Procuraduría Provincial de Garzón, el funcionario habría pedido esa suma de dinero para cambiar la calificación del lote y pasarlo de uso rural a urbano, durante la discusión del PBOT del municipio que tramitaría el concejo durante el primer semestre de 2019. El predio objeto de la supuesta solicitud tiene una extensión de 42 mil metros cuadrados y se encuentra ubicado en zona de protección o reserva.
El escandalo
El presunto hecho de corrupción salió a la luz pública a finales de mayo de este año, cuando el comerciante, en una entrevista concedida a un medio de comunicación local, reveló que el concejal Octavio Martínez le exigió los $100 millones para ingresar y viabilizar el lote en el PBOT, logrando habilitarlo para construcción de vivienda, pese a que, según Planeación Municipal, se encuentra ubicado en una ladera declarada zona de protección, impedida legalmente para desarrollo urbano.
Por su parte, el concejal Octavio Martínez Pérez, un veterano concejal de Cambio Radical, especialista en construcciones de vivienda, en su momento negó rotundamente los señalamientos del denunciante y solicitó a las autoridades investigar el caso asegurando que si se comprobara la irregularidad de su parte, renunciaría al cargo.
No obstante, el escándalo, que fue tema central de debate ciudadano durante varias semanas, obligó al Alcalde Edgar Bonilla a retirar del Concejo Municipal el proyecto de acuerdo de POBT, que ya hacia trámite de estudio y aprobación en el Cabildo, con el pretexto de realizarle ajustes, dar tiempo a que se aclararan los hechos denunciados y presentarlo nuevamente antes de terminar su gobierno.
Falta gravísima con dolo
Para el Ministerio Público, el funcionario con su conducta habría vulnerado los principios de moralidad pública y honradez, así como el deber de no usar el empleo para presionar con el propósito de obtener dinero u otras dádivas.
Por esos hechos la Procuraduría calificó la presunta conducta de Martínez Pérez como una falta gravísima cometida a título de dolo.
