Por: Juan Camilo Rojas

Mientras la Ley 789 de 2002, impulsada por Álvaro Uribe, se aprobó con relativa facilidad y benefició principalmente a los empresarios, las reformas laborales del gobierno de Petro enfrentan una fuerte resistencia en el Congreso. Analistas explican que el contexto político y las prioridades de cada administración marcan la diferencia.

En 2002, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez impulsó la Ley 789, una reforma laboral que modificó las condiciones de trabajo en Colombia y que, según expertos, favoreció más a los empresarios que a los trabajadores. Dos décadas después, el gobierno de Gustavo Petro busca revertir algunos de esos cambios con una nueva reforma laboral, pero enfrenta una fuerte oposición en el Congreso y un debate público polarizado. ¿Por qué la reforma de Uribe fue más fácil de aprobar y la de Petro genera tanta controversia?

La Ley 789 de 2002: cambios rápidos y beneficios para el sector empresarial

La Ley 789, promovida por el gobierno de Uribe, se justificó como una medida para reducir el desempleo, que en ese momento alcanzaba el 16%. Entre sus principales cambios, extendió la jornada diurna hasta las 10:00 p.m., eliminando el pago de recargos nocturnos y reduciendo los recargos por trabajo dominical y festivo del 100% al 75%. Estas modificaciones generaron un ahorro significativo para los empresarios, pero afectaron los ingresos de los trabajadores, especialmente aquellos en horarios nocturnos.

Según un informe de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la reforma de Uribe “hundió a los trabajadores” al eliminar compensaciones económicas y extender las jornadas laborales sin pagos adicionales. Aunque se prometió la creación de 60.000 nuevos empleos, los resultados no cumplieron las expectativas. Para muchos analistas, la ley profundizó las desigualdades y consolidó un modelo que benefició a los más ricos.

A pesar de sus impactos negativos, la Ley 789 se aprobó con relativa facilidad. Esto se debió, en parte, al contexto político de la época: Uribe contaba con un amplio respaldo en el Congreso y su discurso de seguridad y reactivación económica generó consensos rápidos. Además, la reforma fue presentada como una solución urgente al desempleo, lo que facilitó su aprobación sin mayores debates.

Las reformas de Petro: un Congreso dividido y un debate polarizado

En contraste, las reformas laborales impulsadas por el gobierno de Petro enfrentan una fuerte resistencia en el Congreso y en sectores empresariales. A diferencia de la Ley 789, que priorizó los intereses de los empresarios, las propuestas de Petro buscan restablecer derechos laborales y mejorar las condiciones de los trabajadores, lo que ha generado rechazo entre los partidos de oposición y los gremios económicos.

Uno de los puntos más polémicos es la reversión de algunos cambios introducidos por la Ley 789, como la restitución de recargos nocturnos y dominicales. Además, la reforma propone medidas para reducir la precarización laboral y garantizar mejores salarios y beneficios para los trabajadores. Estas iniciativas han sido criticadas por sectores conservadores y uribistas, quienes argumentan que podrían afectar la competitividad de las empresas.

La resistencia a las reformas de Petro también se explica por el contexto político actual. A diferencia de Uribe, Petro no cuenta con una mayoría sólida en el Congreso, lo que ha dificultado la aprobación de sus iniciativas. Además, su gobierno ha enfrentado una oposición organizada y un debate público altamente polarizado, donde cada propuesta es cuestionada y analizada con lupa.

Un debate que refleja dos visiones de país

La comparación entre la Ley 789 y las reformas de Petro refleja dos visiones opuestas sobre el papel del Estado en la economía y la protección de los trabajadores. Mientras la reforma de Uribe priorizó la flexibilización laboral y los intereses empresariales, las propuestas de Petro buscan corregir lo que consideran injusticias históricas y garantizar mejores condiciones para los trabajadores.

Sin embargo, el camino para Petro no ha sido fácil. La oposición en el Congreso, liderada por sectores uribistas, ha bloqueado varias de sus iniciativas, argumentando que podrían afectar la economía y desincentivar la inversión. Para muchos analistas, esta resistencia es una muestra de cómo los intereses políticos y económicos siguen influyendo en las decisiones legislativas.

¿Qué sigue para las reformas laborales?

Mientras el gobierno de Petro insiste en la necesidad de avanzar con sus reformas, la oposición promete seguir bloqueando las iniciativas que consideran perjudiciales para el sector empresarial. Este enfrentamiento no solo refleja las tensiones políticas del momento, sino también las profundas divisiones en la sociedad colombiana sobre cómo abordar los desafíos laborales y económicos.

Lo que está claro es que, mientras la Ley 789 de Uribe se aprobó en un contexto de consenso y urgencia, las reformas de Petro enfrentan un escenario mucho más complejo, donde cada paso es disputado y cada decisión tiene consecuencias políticas. El debate sobre el futuro del trabajo en Colombia sigue abierto, y su resultado dependerá de la capacidad del gobierno para construir acuerdos y superar las resistencias.