Asesinato de Líderes: Cinco años del Acuerdo de Paz

Un 24 de noviembre de 2016, fue firmado en la Habana-Cuba, un acuerdo que permitiría dar fin a más de cincuenta años de conflictos bélicos.

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El Acuerdo de Paz, nació luego de más de cincuenta años de conflictos entre el Estado y las FARC, grupo guerrillero con más poder bélico en Colombia en ese entonces. Este acuerdo se firmó en la Habana con la presencia del entonces mandatario Juan Manuel Santos.

Con el acuerdo firmado por ambas partes, el grupo subversivo se comprometió a entregar el total de las armas a las Naciones Unidas (ONU) además de ello, a dejar de financiarse con delitos como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, no sin antes considerar dejar el reclutamiento de menores para la guerra y disponerse a participar en la política colombiana.

 

¿Qué obtienen los colombianos con el Acuerdo?

En el papel, la población colombiana obtendría el cese a la violencia y por ende la entrega de armas y la reincorporación a la vida civil de más de cien mil excombatientes, otro punto a rescatar es que esto permitiría darle más claridad a la verdad.

Con la verdad expuesta, los derechos de las víctimas cobrarían importancia en el fortalecimiento de la democracia en un campo que tenga oportunidades de desarrollo económico sin incluir el narcotráfico.

Los más de cincuenta años de violencia con las FARC, permitiría a los integrantes de esta organización a pasar de un escenario bélico a uno político, en donde pueden aspirar a ser elegidos, con curules en todos los campos y con la inclusión de colectivos sociales que han fungido con protagonismo en el desarrollo de la paz en Colombia.

Claves fundamentales del Acuerdo de Paz

Además de dar fin a los enfrentamientos y pasar a la dejación de armas, lo que se presume con el acuerdo es que haya un sistema de justicia que priorice la reparación de las víctimas por parte de los responsables.

Con la reparación, la cual debe darse para no asumir ir a prisión con la justicia ordinaria, la pretención subyace con cerrar las brechas entre el campo y la ciudad y así acabar con la pobreza de millones de colombianos que se han visto atrapados en el conflicto y la ilegalidad.

Con el acuerdo también se estableció un plan de inversiones para el campo con programas de acceso a tierras, a bienes, a servicios productivos y a infraestructura, para dar al grupo poblacional que habita en las zonas rurales y el campo oportunidades reales de desarrollo y calidad de vida.

Para "atacar" el narcotráfico, en el papel se establece un programa para los campesinos cultivadores de coca, a quienes se les ofrece opciones legales de subsistencia y con esto, permitirse cambiar de cultivos; ello hace referencia a un nuevo programa de sustitución de cultivos ilícitos.

¿En qué consiste el Acuerdo?

El trasfondo del acuerdo parte desde la importancia de dar fin a una larga guerra que ha dejado miles de víctimas por más de cincuenta años entre las fuerzas armadas del Estado y, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC).

Con el fin de la guerra, un segundo paso sería la búsqueda de la verdad y la justicia, y con ello la reparación de las víctimas. Dando fin a la guerra, la lucha contra el narcotráfico sería la más imperante, lo que generaría un deber social con la población campesina del territorio colombiano.

Con la consigna de un acuerdo en marcha, la democracia tomaría fuerza, y esto implicaría poner a rodar un acuerdo que dió nacimiento a la Justicia Especial para la Paz(JEP) la cual lleva a cabo todo el desarrollo de la reparación de las víctimas.

¿Y la defensa de los Derechos Humanos?

Los Derechos Humanos son el principal fundamento para la creación de acuerdos que pretendan cerrar brechas y acabar con los conflictos bélicos, por ende, suena irónico que se hable de un acuerdo donde siguen ocurriendo violaciones a los mismos.

Un actor que sobresale en este contexto de masacres, es el líder social. En Colombia, ser líder social cuesta bastante, así lo demuestran las "espeluznantes" cifras que arroja Indepaz (instituto de estudios para el desarrollo y la Paz).

Según Indepaz, para 2016, año en que se firmó el acuerdo, fueron asesinados un total de 21 personas consideradas líderes sociales. Esta, siendo una cifra aterradora era solo el comienzo de la 'barbarie', ya que para 2017 la cifra aumentó más de diez veces, pasando de 21 a 207 líderes sociales asesinados en Colombia.

Para 2018 la cifra seguía en aumento, pasando de 207 a 298 líderes, cifra que cesó de cierta manera en 2019 con 279 líderes asesinados en Colombia, pero, para 2020, año particular por el tema Covid-19, la cifra en vez de disminuir aumentó, lo que arrojó un total de 310 líderes sociales del territorio.

Para 2021, lo que hasta la fecha se ha calculado, van 155 defensores del territorio y de la sustitución de cultivos, asesinados a manos de grupos armados con intereses en las rutas del narcotráfico, un negocio que lucra a la par de cobrar vidas.