Por: Juan Camilo Rojas

La audiencia de formulación de acusación contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, fue aplazada luego de que su defensa argumentara que debe rendir declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia. Ortiz está siendo investigada por lavado de activos y tráfico de influencias en el escándalo de corrupción de la Ungrd.

Sandra Liliana Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el desvío de recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según las investigaciones, Ortiz habría mediado en la entrega de dineros de la Ungrd a congresistas, lo que la vincula con los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

La audiencia de formulación de acusación estaba programada para el 6 de marzo de 2025, pero la defensa de Ortiz solicitó su aplazamiento, argumentando que la exfuncionaria debe rendir declaraciones ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en los días 5, 6 y 7 de marzo. El juez del caso aceptó la solicitud y reprogramó la audiencia para el 10 de abril de 2025.

Detalles del caso:

Ortiz es señalada de haber facilitado la desviación de recursos públicos de la Ungrd, los cuales habrían sido recibidos por congresistas. Este caso forma parte de un escándalo de corrupción que ha sacudido a la entidad, encargada de gestionar recursos para atender emergencias y desastres en el país.

El abogado de Oswaldo Medina Posada, presentó un documento en el que se explica que las declaraciones ante la Corte Suprema están relacionadas con el radicado 53.492, bajo la ponencia del magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles.

Implicaciones del aplazamiento:

El aplazamiento de la audiencia ha generado expectativas sobre el desarrollo del caso, ya que se espera que las declaraciones de Ortiz ante la Corte Suprema puedan aportar información clave para las investigaciones. Mientras tanto, la exconsejera continúa bajo investigación por su presunta participación en el desvío de fondos públicos.