El acuerdo implica una pena de prisión total de tres años, suspendida a cambio del pago de la multa, además de otra sanción económica considerable, como detalló el juez al inicio de la breve audiencia donde la cantante admitió su culpabilidad y aceptó las penas establecidas.
La acusación contra Shakira incluye el no pago de impuestos en España durante los años 2012, 2013 y 2014, así como el uso de un complejo entramado de sociedades en paraísos fiscales para evadir sus obligaciones, según reveló la Fiscalía.
Inicialmente, se solicitaba una pena de ocho años y dos meses de prisión, junto con una multa de 23,8 millones de euros (25,85 millones de dólares). La Fiscalía argumenta que Shakira fue considerada residente fiscal en España al vivir en el país más de 183 días al año durante ese período.
La artista, de 46 años, ha refutado estas acusaciones, afirmando que, a pesar de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué desde 2011, continuó viajando debido a su carrera. Según sus abogados, Shakira no se estableció definitivamente en Barcelona hasta finales de 2014, trasladando su residencia fiscal de Bahamas a España en 2015, justo antes del nacimiento de su segundo hijo, Sasha.