Más del 78% de los colombianos no confían ni creen en el Congreso de la Repúlica y más del 85% en los partidos políticos | Opanoticias
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Son innegables y sin duda muy tristes y lamentables todos estos hechos aberrantes y de repudio ciudadano, que vienen aconteciendo en nuestro país desde hace muchas décadas. Pero es más lamentable, asqueroso y vergonzoso contar con esta clase de políticos corruptos que pululan como un cáncer que carcome y mata a las familias colombianas desde sus pilares de desarrollo, como son la educación, la salud y la justicia. Horrorosamente esta clase política corrupta son sanguijuelas que chupan y saquean hasta más no poder al pueblo y al estado, mafia ancestral sin dignidad humana, que no tienen paradero, que no se miden, no tienen fondo y nunca se llenan. Impunemente se solapan entre ellos, es una lacra cargada de innumerables corruptos desalmados y con el consentimiento de la mano de aberrantes deshonestos tanto del gobierno como de empresas privadas. Un estado sin democracia, clientelista, inhumanamente desigual y estremecido por una globalización salvaje, sumergido en un pozo de dominación, absolutismo, autocracia, totalitarismo, dictadura, tiranía, despotismo, omnipotencia con una sociedad enferma física y mentalmente, apática, egoísta, ciega y materialista, enajenada de sus propios intereses y carente de un sentido de obra común.

 

El Congreso como ha sido tradición se ha venido comportando como una mafia, moviéndose entre la corrupción y la incompetencia, entre la insustancialidad y la delincuencia, una democracia inviable y absurda, donde la responsabilidad de la clase política es un concepto frívolo y sin sentido, un gobierno que no genera sino vergüenza y repudio desde donde se mire.

 

Es indignante el decreto que aumentó el salario de los congresistas en un 7.77 %, lo que significan 2 millones de pesos más para los 268 miembros del órgano legislativo, lo que les representa ganar 27’929.064 pesos mensuales con carácter retroactivo. Será misión imposible que el gobierno que decretó el aumento y el propio Congreso, cuestionado como siempre por ausentismo, clientelismo y corrupción, justifiquen y salven de la indignación popular esa decisión, mala para la democracia y nefasta para las finanzas públicas. Mientras el salario mínimo de los millones de colombianos asalariados  ha crecido en los últimos años a un escaso promedio del 1,5% anual, los congresistas que ganaban $714.665 en 1.991 hoy ganan $ 27‘929.064, a lo cual hay que agregar tres primas, plan de telefonía móvil, vehículo blindado, entre muchos otros privilegios. 

 

En Estados Unidos la relación de la remuneración de los congresistas respecto del ingreso de la población es de 3.4, en Alemania de 2.8, en Francia de 2.0, en Noruega de 1.4 y en Colombia es de 17, una vergüenza en un país con 13 millones de personas en la pobreza.

 

El artículo 187 de la Constitución, estableció que el salario de los congresistas se reajustará cada año en proporción al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores públicos de la administración central. Esta disposición  llevo a los enormes  incrementos que han tenido desde entonces la remuneración de los funcionarios, de la rama judicial, miembros de la Fuerzas Militares y de Policía, ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, comisiones de regulación, entre otros.

 

Al subir la remuneración ponderada de la administración central,  sube el salario de senadores y representantes, con  efectos devastadores para las finanzas públicas porque además, a la remuneración de los congresistas está atada la de muchos otros funcionarios: magistrados de las altas cortes, Procurador y  Contralor, magistrados de Tribunal, jueces, fiscales y procuradores judiciales, entre otros.

 

El Congreso ha reforzado ese marco excepcional con leyes en su propio beneficio. Nada lo resume mejor como su régimen de pensiones. Mientras que un colombiano común se pensiona con el promedio de los salarios que cotizó en los 10 años anteriores a la edad exigida, los congresistas se jubilan con el ingreso mensual promedio del último año, que incluye además todos los conceptos por salarios, viáticos, primas, etc.  Una ventaja 10 a 1.

 

Mientras un ciudadano del común recibe como pensión 65% del Ingreso Básico de Liquidación y hasta 8% si tiene más de 1.400 semanas cotizadas, el congresista recibe mínimo 75%, sin límite de cuantía, otro privilegio exorbitante e injustificado de gran impacto en las finanzas públicas y en el sistema pensional. Este sistema es insostenible. El régimen estatal de pensiones cuesta 5%del PIB al año y a mediano plazo quebrará el sistema de pensiones.  

 

Y es en el tema salarial donde además se hace más visible el sistema de chantajes, dádivas y contraprestaciones que caracteriza a la política colombiana.  En el año 2013 dos sentencias del Consejo de Estado les quitaron a los congresistas las primas de localización y de salud por 8 millones de pesos que recibían irregularmente desde 1992.  Luego el gobierno les expidió el decreto 2170 del 2013,  que estableció una prima especial de servicios  para los congresistas, equivalente a $7’898.445, que de acuerdo con el propio gobierno sustituye para todos los efectos las primas de salud y de localización y vivienda.

 

En Colombia el sistema de remuneración  de los congresistas, de los magistrados y otros altos funcionarios, no guarda proporción con la realidad económica del país, en raros casos con la calidad e intensidad del trabajo que realizan y es producto de una larga cadena de decisiones ventajosas y adulteradas, que sin embargo algunos defienden a muerte.

 

En nuestro país 84% por ciento de los trabajadores ganan menos de dos salarios mínimos y 49% menos de un salario mínimo. Con una desproporción 17 a 1  respecto de lo que gana un asalariado. Esta situación pervierte la política, la democracia  y es insostenible económicamente en un país pobre, que necesita y reclama equidad y justicia. Una buena decisión para ajustarlo sería que los salarios de los congresistas se incrementen anualmente con referencia al índice de precios al consumidor y que devenguen igual al salario mínimo como el de los demás colombianos. Pero es utópico esperar un acto de rectitud y sensatez de ese tamaño de una corporación en la que 60 congresistas han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia en los últimos 7 años por delitos graves  y donde la mayoría de los que están libres tienen poco respeto por lo público y escasos límites éticos para legislar en su propio beneficio.

 

La calidad de un político depende de su competencia y de su honestidad; es competente aquel político que satisface las necesidades de sus electores a un costo social mínimo y es honesto el político que ejerce sus funciones sin extraer de ello un indebido beneficio personal. La permanencia de una élite política de baja calidad se explica porque ella utilizó su poder para establecer reglas electorales también de mala calidad, de tal forma que su reelección siempre estaría garantizada.

 

Más del 78% de los Colombianos no confían ni creen en el congreso de la república y más del 85% en los partidos políticos,  debido a la corrupción, incompetencia, deshonestidad y abuso de poder de un número importante de parlamentarios de baja calidad. Esto se manifiesta en una reducida productividad legislativa, en la falta de acciones de control político y en el olvido absoluto de sus electores.

 

El ausentismo de los congresistas también explica ese anémico indicador de productividad parlamentaria. No deja de preocupar que los legisladores no asuman sus responsabilidades y compromisos con sus electores que finalmente esperan que sus votos se materialicen en leyes justas.

 

Ciertamente la vocación por la política tiene una remuneración especial que no es material. Solo quien ejerce este oficio de manera ética sabe valorarla. Se trata de las recompensas psicológicas asociadas con el estatus, el poder y el reconocimiento.

 

Indigna que los políticos de baja moral devenguen cuarenta veces el salario mínimo y veinte veces el ingreso per cápita de la población, todo lo opuesto a la tercera parte de los hogares colombianos.

La remuneración de los congresistas es el símbolo más elocuente de la desigualdad en Colombia, sobre todo cuando en el Congreso se aprueban leyes como la reforma laboral, que hizo más precarias las condiciones de los trabajadores y el ajuste fiscal regresivo que se impondrá a la sociedad porque los afectados no tienen quién los represente en los espacios de decisión.

 

Colombia está estancada porque ha descuidado los tres pilares básicos del progreso de toda sociedad, la diversificación de la base económica, la cobertura y calidad de la educación y la prevención en el sistema de salud. Estas fallas se reflejan en una intensa concentración del ingreso y la riqueza, en la pobreza, la indigencia, el desempleo, la informalidad, la delincuencia juvenil, los niños que fallecen por desnutrición y en general, en la vulnerabilidad social. Los partidos políticos y el Congreso evitan discutir lo fundamental porque los malos políticos no están preparados ni tienen la convicción ética para debatir juiciosamente lo que le interesa al ciudadano.  La prioridad del poder legislativo es su reelección y para ello negocia con los demás poderes públicos lo que popularmente se llama mermelada, es decir, se utilizan las entidades públicas para otorgar puestos y contratos, aunque el país se derrumbe.

 

De 1.850 sanciones que se han logrado por delitos contra la administración pública, la mitad de los implicados no paga cárcel y del porcentaje restante, el 25% logra que le den casa por cárcel.

 

El panorama es aún más aterrador si se tiene en cuenta que el promedio de las penas para los delincuentes de cuello blanco es de apenas 24 meses y en muchas ocasiones es un periodo que se purga en pabellones especiales que les ofrecen privilegios con relación a los presos del común.

 

En el campo penal, del 2008 al 2013 se emitieron 2.458 sanciones por delitos contra la administración pública, hasta el 2011 fueron 234 y después la cifra ha venido creciendo a un ritmo anual del 61%. El cohecho o soborno, fue el delito que más se cometió, con 1.045 personas sancionadas.

 

La corrupción le cuesta al país cerca de 4 puntos del Producto Interno Bruto, es decir más de 20 billones de pesos.

 

Los aspirantes a cargos como miembros de los órganos del estado o funcionarios públicos, deben de satisfacer un perfil profesional multidisciplinar especializado, con un amplio conocimiento y experticia en el tema. Sus delitos serán castigados por la justicia, con el doble de pena, debido a que deben de ser un ejemplo para la sociedad. Las propuestas hechas por los gobernantes durante la campaña política, deben ser fiscalizadas por el pueblo y si no se cumplen dentro del cronograma propuesto, serán destituidos de su cargo automáticamente. Además, sus sueldos deben ser igual al mínimo salarial y ocupar estos cargos, será un honor, un estatus, un poder, reconocimiento, orgullo, respeto y un modelo a seguir por la sociedad, desde el punto de vista ético y moral.

 


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