Por: Jorge Camilo Puentes

La iniciativa lleva el nombre de “Ley Jorge Pizano”, en memoria a este testigo clave del caso Odebrecht, quien murió en extrañas circunstancias luego de haber realizado denuncias.

Con 104 votos a favor, la Plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate un proyecto de ley que busca proteger a las personas que denuncien actos de corrupción en Colombia.

La iniciativa, que ahora pasará al Senado de la República, incluye medidas para garantizar los derechos fundamentales de los denunciantes, como la vida, la integridad, la seguridad personal y el libre desarrollo de la personalidad, así como sus derechos laborales, económicos y políticos.

Estas protecciones aplican tanto en entidades públicas como en empresas privadas.

El proyecto también crea el Sistema Unificado de Protección a Reportantes, Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC), una instancia interinstitucional e independiente que coordinará mecanismos de protección para los denunciantes.

Este sistema estará integrado por entidades como la Secretaría de Transparencia, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.